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Uber: $ 75.000 de multa a taxistas que cortaron calles para protestar

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Las seis organizaciones más importantes de dueños de taxis de la Capital Federal fueron condenadas a pagar $ 75.000 de multa por haber organizado piquetes contra Uber. El fallo es inéditoy la sanción es la máxima posible, pero de todas formas el monto parece muy bajo.

Las organizaciones de propietarios nuclean a más del 90% de los taxistas porteños. Son la Unión de Propietarios de Automóviles con Taxímetro (UPAT), la Cámara Empresaria del Autotaxi (CAMETAX), la Asociación Taxistas de Capital (ATC), la Unión de Propietarios y Mandatarios de la República Argentina (UPYMRA), la Sociedad de Propietarios de Automóviles con taxímetro (SPAT) y la Federación Nacional de Conductores (FNCT).

Entre el 12 de abril del año pasado, el día que comenzó a operar Uber en Buenos Aires, y el 4 de mayo siguiente, realizaron nueve cortes de calle, en el Obelisco y en Santa Fe y Callao. En algunas de esas protestas cortaron al Metrobus de la 9 de Julio.

Por eso, la Fiscalía General de la Ciudad les inició una causa. En base a filmaciones y fotos que aportó el Centro de Monitoreo del tránsito del Gobierno porteño, el fiscal Martín Lapadú y su equipo identificaron a 970 taxis que habían participado de los piquetes.

La acusación terminó cayendo no contra los choferes sino contra los dueños, representados por esas seis asociaciones. Se los acusó de violar dos artículos del Código de Contravenciones: el N° 69, que condena a quienes afecten un servicio público (en este caso el Metrobus) y el N° 78, que marca los castigos por cortar las calles sin autorización.

Las propias asociaciones de taxistas reconocieron su responsabilidad y aceptaron un juicio abreviado, que fue homologado por la jueza María Julia Correa. La multa, que empezarán a abonar la semana que viene, se destinará a políticas sociales del Gobierno porteño.

«El trabajo mancomunado de la Fiscalía y el Centro de Monitoreo Urbano dieron como resultado seis condenas efectivas. Si bien los montos de las multas no representan cifras contundentes , son los máximos que permite hoy en día el Código Contravencional”, explicó el fiscal Lapadú.

El artículo N° 69 tiene una pena máxima de $ 5.000 y el N° 78 hasta 1.000. Multiplicando estos números por las seis organizaciones, y considerando que algunas estaban acusadas de haber promovido más de una marcha, es como la Fiscalía alcanzó el número de $ 75.000.

En tanto, las organizaciones quedarán incluidas en el registro de Antecedentes durante dos años: si en ese plazo volvieran a cometer estas contravenciones podrían sufrir sanciones más altas. En esta ocasión no hubo ninguna causa contra el Sindicato de Peones de Taxis que conduce Omar Viviani, quien sí tiene antecedentes de condenas por organizar protestas callejeras.

«En 35 años es la primera vez que nos sancionan por algo así. En general, siempre que hacemos una manifestación pedimos permiso. Las asociaciones decidimos salir en representación de nuestros afiliados porque hubiera sido peor si castigaban a cada uno de los taxistas. Aceptamos la sanción, pero no vamos a abandonar esta lucha contra el transporte ilegal porque es en defensa de las fuentes de trabajo», aseguró Enrique Celi, titular de la UPAT.

Para los taxistas, la llegada de Uber a Buenos Aires fue casi una declaración de guerra. Aseguran que desde que la app empezó a funcionar perdieron entre un 20% y un 30% de su trabajo. El problema, dicen, es que Uber no tiene que cumplir con los mismos requisitos que ellos, y entonces pueden cobrar hasta un 40% más baratos los viajes. Por eso la consideran competencia desleal. En la Ciudad hay 37.000 taxis.

Desde la llegada de la aplicación al país, los taxistas hicieron numerosas protestas, incluso una manifestación en las puertas de la sede del Gobierno porteño en Parque Patricios. También iniciaron múltiples denuncias contra la empresa y sus conductores asociados.