Con el objetivo de consolidar la política de «integrar» las villas y asentamientos a la dinámica formal de la Ciudad, el Ejecutivo porteño se planteó el objetivo de construir en ellas dependencias de gobierno; esto con la idea de ir más allá de las obras de infraestructura de servicios públicos, calles y tendidos cloacales y pluviales. Por ejemplo, en la Villa 31 y 31 Bis de Retiro se instalará el Ministerio de Educación, para el que ya se adquirieron terrenos. Y el de Desarrollo Humano y Hábitat funcionará en la Villa 15 de Villa Lugano. Sin embargo, en esta última, un conflicto con los vecinos frenó la demolición de la monstruosa estructura abandonada del Elefante Blanco, un edificio que quiso ser el hospital más grande del continente a mediados del siglo pasado y en cuyo espacio se levantará la nueva sede del ministerio.
En torno a este edificio, unas 40 familias se debaten su futuro; algunas tienen apoyadas sus casas en las paredes del Elefante Blanco y llevan décadas viviendo allí. Y, por diferentes motivos, no quieren dejar el lugar. La Justicia intervino prohibiendo cualquier desalojo.
Mientras la Ciudad negocia a contrarreloj para avanzar con la demolición -que sólo puede hacerse en forma manual-, organizaciones civiles denuncian que el Gobierno porteño ofrece dinero, sin una solución habitacional concreta.
Desde Desarrollo Humano y Hábitat aseguran que vienen «trabajando hace meses con cada una de las familias que se encuentran viviendo en las adyacencias del Elefante Blanco. La mayoría de estas familias ya accedieron a una relocalización, pero hay alrededor de 40 con las que seguimos conversando en el marco de una mesa de trabajo judicial que lidera la jueza Elena Liberatori. En esta mesa hoy hay un buen diálogo, basado en el pleno entendimiento de sus necesidades pero sobre todo en el convencimiento de que pueden vivir mejor. En este sentido, las familias se han mostrado bien predispuestas, por lo que estamos confiados que pronto vamos a poder comenzar las tareas de demolición».
Sin embargo, en las organizaciones sociales que asesoran a los vecinos ven otra cara de la moneda: «Lamentablemente esas familias tienen poco poder de negociación. El Gobierno les ofrece dinero, como si se tratara de un comercio, la compraventa de un producto. Ese dinero se acaba y las familias quedan desamparadas, sin casa, sin lugar de pertenencia, sin vecinos, los chicos sin escuela, los adultos sin trabajo. Necesitan el dinero, sí, pero también contención y un Estado presente«, explicaron los representantes de algunas de esas organizaciones que, para no interferir en las charlas que mantienen los vecinos con la Ciudad, hablaron en off the record con este medio.
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