Pelea judicial por un contenedor de basura

La Justicia porteña resolvió rechazar una medida cautelar presentada por una empresa de venta de ropa y accesorios, que pedía al Gobierno porteño que quite un contenedor de basura del frente de uno de sus locales, en el barrio de Recoleta. El local está en la avenida Santa Fe al 3100, en plena zona comercial, cerca de la avenida Pueyrredón.

El argumento de los comerciantes era que el contenedor “obstruye la vista de la totalidad de la vidriera, obstaculiza el tránsito fluido en la vereda y, sumado al olor que emana, provoca una baja considerable en las ventas y perjudica su actividad comercial”, según explica la sentencia que se conoció ahora y fue firmada el 8 de agosto por la jueza Cecilia Mólica Lourido, del juzgado Nº 20 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad.

Para resolver el planteo, la magistrada pidió al Gobierno porteño, que informe los criterios tenidos en cuenta a fin de ubicar los contenedores de basura en la Ciudad. En su respuesta, la Ciudad detalló los parámetros establecidos para la instalación de contenedores de basura (dimensión de acera y calzada, sentido de circulación, accesos vehiculares, paradas de transporte público, zonas de carga y descarga, salidas de emergencia, sumideros, edificios educativos, sanitarios, entre otros), y señaló diversas circunstancias que impiden su reubicación (una caja automática de semáforos frente a otro local, una pantalla publicitaria frente a ingreso a edificio, refugio de transporte público, columna de alumbrado, y mesas y sillas de local gastronómico).

En este sentido, el GCBA indicó que “no queda espacio disponible en la cuadra para trasladar el contenedor en cuestión, y por otra parte no puede la Ciudad disponer su supresión pues ello afectaría la prestación del servicio de higiene con el consiguiente perjuicio a todos los ciudadanos que habitan esa cuadra”.

Por todas esas razones, y tras analizar la Ley 1854 de “Basura Cero” y otras reglamentaciones sobre Higiene Urbana, la jueza Mólica Lourido consideró que de lo examinado “no se configuran, por el momento, los presupuestos necesarios para acceder a la medida cautelar peticionada”