Entre marzo y junio, la organización Boedo de Pie -integrada por vecinos, la Fundación Alameda y la iglesia de San Antonio- reunió cada martes a un grupo del barrio en la capilla San Antonio y concluyó que, en ese período, en el espacio delimitado por Rivadavia, Boedo, Juan de Garay, Vernet y José María Moreno, hubo al menos 96 delitos: cuatro homicidios, cuatro talleres textiles clandestinos en funcionamiento y seis prostíbulos; 16 dealers fueronregistrados vendiendo drogas; hubo 43 robos con diferentes modalidades y otros 23 hechos, como disturbios en la vía pública, daños, usurpación de viviendas y secuestros virtuales.
Según los vecinos, hubo delitos que no fueron registrados por personal de la seccional a pesar de haber sido denunciados. Por eso les entregaron su mapa del delito ad hoc.
Marisol Froy, esposa del contador Cristóforo y hoy miembro de Boedo de Pie, se involucró con la situación a partir de lo ocurrido en su casa. Debió modificar por completo la rutina familiar y ya no salen en horarios en que la cuadra no tiene movimiento. Su marido está en tratamiento psiquiátrico y consume 12 medicamentos para superar lo vivido.
El presidente de La Alameda y legislador porteño Gustavo Vera (Bien Común) llevó el mapa a la Justicia. La denuncia la tienen la fiscalía federal Nº 12 y el juzgado federal N° 1. Vera solicitó investigar si la policía cometió cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Pidió revisar el patrimonio de los oficiales. «Mi sospecha, y la de Boedo de Pie, radica en que los funcionarios policiales que han ocupado cargos estratégicos en esas dependencias cobran dinero en forma mensual para dejar funcionar esos emprendimientos criminales y no cumplir con su rol.»
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