Desde comienzo de año el colegio Mariano Acosta atraviesa un fuerte conflicto político que incluyó policías armados y la destitución de su histórica Rectora. Ayer, luego de una larga lucha de la comunidad educativa, Raquel Papalardo retomó sus actividades como máxima autoridad del colegio pero desde el Ministerio de Educación, a cargo de Soledad Acuña, ratificaron su cesantía y que la responsabilidad en la escuela es de Daniel Altamiranda, el vicerector.
El conflicto en el Mariano Acosta comenzó cuando policías armados ingresaron al edificio luego de que se realizará una clase abierta en defensa de la educación pública en pleno conflicto por las paritarias docentes. Luego de que la rectora denunciara el accionar de la fuerza, desde el Ministerio de Educación exigieron a Papalardo que presentara los papeles para su jubilación. “Es una persecución porque yo pensaba presentar mis papeles en julio y debido a esto me dicen que me vaya ahora”, había dicho en su momento a Nueva Ciudad la rectora.
La rectora finalmente presentó lo necesario pero tras recibir su salario de julio y al ser asesorada por los abogados reasumió sus funciones, ovacionada por alumnos, familiares y docentes en el patio de la escuela de Balvanera. “Se analizó la situación con los abogados y evaluaron esto como una clara manifestación de que hay continuidad laboral con el empleador”, dijo Sabrina Antik, abogada y miembro de la cooperadora de la escuela, al diario La Nación.
Sin embargo, por la tarde autoridades del Ministerio de Educación porteño desconocieron la autoridad de Papalardo e informaron que la persona a cargo de la escuela es el vicerrector Daniel Altamiranda.
Paralelamente, UTE/Ctera denunció irregularidades con las que se encontró Papalardo cuando reingreso a su lugar de rectora de la institución. “En la oficina de Rectoría y Secretaría faltaban, además del sello de la Rectora, distintos libros de actas que deben estar bajo el resguardo de la máxima autoridad del establecimiento y el Libro de Firmas del personal estaba alterado sobre la firma de Papalardo correspondiente al día lunes”, indicaron desde UTE.
Ante las irregularidades, el vicerrector, Daniel Altamiranda, “ante los padres y madres presentes, alegó que las autoridades del Ministerio le ordenaron tomar posesión de esos materiales y alterar el Libro de Firmas; sin embargo, no presentó ninguna documentación ni orden escrita que avalara sus dichos”,continúa el comunicado del sindicato. Hoy se realizará una asamblea del Consejo de Convivencia Escolar solicitada por las familias del nivel medio.
Este Consejo Directivo reconoció ayer a Papalardo como máxima autoridad de la escuela hasta que su jubilación que, como para todos los docentes, se hace efectiva al momento de percibir el primer haber jubilatorio. La Comunidad Educativa consideró que “estos obstáculos a la tarea educativa una provocación más del Gobierno de la Ciudad en el marco de la persecución política desatada contra la Rectora del Normal 2”.
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