Detrás de una réplica de zapatillas de marca o de una pantalón a precio irrisorio se esconde toda una maraña de irregularidades que van desde la complicidad política, la corrupción policial, la evasión fiscal y el trabajo esclavo. En este contexto, el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CEyS) elaboró un informe sobre los circuitos porteños de venta ilegal que advierte acerca de la cadena delictiva detrás de este fenómeno.
El informe, dado a conocer hoy por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), también alertó sobre «una cadena de comercialización que incluye la producción, venta mayorista, acopio y distribución de los productores de forma ilegal, que esconden una serie de irregularidades donde el Estado debiera estar presente».
Investigadores y sociólogos elaboraron el estudio titulado «Ferias Extralegales en Espacios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un Sistema complejo de lealtades, oportunismo y explotación amparado por un Estado en las Sombras», fue realizado sobre los puestos instalados en las principales avenidas de los barrios de Once, Flores y Liniers.
La investigación indicó que el sistema de comercialización se apoya en «la elaboración clandestina de diseños y productos de marca o de moda, fundamentalmente a través de talleres textiles clandestinos» y la «comercialización, acopio, distribución mayorista no fiscalizada (vía piratería, contrabando, levantamientos aduaneros, alquileres de locales o galpones clandestinos)» de distintas mercaderías.
Además, apuntó a la «gestión ‘en las sombras’ de agentes públicos que aceptan, aprovechan o potencian -por acción u omisión- prácticas ilegales para su propio beneficio (corrupción policial, municipal, aduanera, ausencia de políticas sectoriales de promoción o manipulación vía clientelismo político)».
En el plano social, el informe comprobó que tanto en los talleres como en los comercios «se dan relaciones sociales de servidumbre, sometimiento o explotación de los trabajadores, sin existir aportes jubilatorios, acceso a una obra social, seguro de trabajo ni derecho a indemnización o seguro de desempleo».
Asimismo, advirtió que «los pagos en efectivo por los productos, sin la entrega de ningún tipo de recibo por la compra» que «contribuyen a la fluidez de las transacciones y posibilita la elusión de toda regla en términos impositivos, municipales, aduaneros y de regulaciones laborales».
Ante ello, los investigadores recordaron que para combatir los circuitos de venta ilegal «el Gobierno de la Ciudad tiene la potestad de controlar el tránsito y el transporte de cargas en las inmediaciones de las ferias para impedir la distribución de la mercadería ilegal». Y, pidieron que «se amplíen las competencias locales (de las fiscalías) para abordar la problemática de forma integral».
También sugirieron «un mayor control de las habilitaciones de locales e inmuebles», que «la AGIP en la Ciudad y la AFIP a nivel nacional debieran reforzar los controles para que se realice el pago de los tributos correspondientes» y la «realización de campañas con el fin de concientizar a los habitantes sobre el origen de los productos».
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