Los domicilios allanados corresponden a la sede de la firma Uber y de directivos locales de esa empresa, y el fin de los operativos es el de secuestrar toda la documentación relacionada con la firma Uber, que permita comprobar la prestación no autorizada del servicio e individualizar a sus autores.
La investigación la lleva adelante la Unidad de Investigaciones Complejas a cargo del Fiscal de Cámara de la Unidad Oeste, Martín Lapadú, y el Fiscal Roberto Néstor Maragliano, quienes iniciaron de oficio la investigación al ser advertidos del desarrollo de las actividades de Uber sin la debida autorización.
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Los fiscales entendieron que la empresa no cumple con la vasta legislación que regula la actividad lucrativa de transporte de pasajeros en el espacio público, cuyos requisitos hacen a la seguridad de los pasajeros, al uso del espacio público y a cuestiones tributarias, entre otras.
La legislación, informaron desde la fiscalía, incluye la ley Nacional de Tránsito 24.449, que exige para transportar pasajeros una licencia de conducir especial (conductor profesional, categoría “d”, conf. Art. 20) y obliga a contratar un seguro para casos de siniestro, muy frecuentes en caso de automóviles.
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Las direcciones de las oficinas en las cuales operaba la empresa fueron encontradas con la colaboración del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía.
Con esa información, el Fiscal Lapadú solicitó a la Jueza a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 16, María Fernanda Botana la orden correspondiente para poder allanar las oficinas y de esta manera continuar la investigación.
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