A partir de hoy, en las villas 31 y 31 bis de Retiro ya no se podrá ingresar libremente con materiales para la construcción. Es la meta del gobierno porteño. Por eso, promoverá que quienes pretendan construir allí primero obtengan una autorización oficial. Según la Ciudad, estas limitaciones buscan que el proyecto de urbanización ejecutado en esos barrios se desarrolle con mayor eficiencia.
Muchos vecinos del asentamiento estuvieron de acuerdo en que el incesante crecimiento vertical registrado allí es peligroso por la ausencia de inspecciones estatales. Pero a la vez mostraron inquietud por una dificultad que, según afirman, acarrearán los controles para quienes consigan permisos de obras: los fletes de los corralones externos no quieren ingresar a los domicilios dentro de la villa. Así lo aseguraron varios referentes barriales.
Ahora, para poder ejecutar una obra, los residentes deberán ingresar un pedido en una oficina que la secretaría tiene dentro de la villa, tras lo cual un equipo técnico conformado por un arquitecto y un trabajador social visitará la vivienda para analizar el caso, corroborar la necesidad de obra y realizar el informe de autorización.
Estas dos villas ocupan un espacio de 320 hectáreas que se extienden desde la estación de Retiro hasta la altura de la calle Austria, en la Recoleta. Allí viven cerca de 40.000 personas. Según datos del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, el 53% de los vecinos es extranjero; en su mayoría, de nacionalidad paraguaya. La población es joven: el 68% tiene menos de 30 años.
Ya en 2008 un fallo judicial ordenó que «se arbitren los medios necesarios para impedir la prosecución de nuevas construcciones en las villas 31 y 31 bis que no cumplan la normativa relacionada con la edificación y la habilitación de las mismas». Hasta ahora, no se logró.
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