El Gobierno nacional lanzó una licitación para volver a concesionar la explotación de la Terminal de Omnibus de Retiro, que hace 23 años está en manos de TEBA, una empresa con contrato vencido. El nuevo concesionario deberá llevar adelante un plan de obras para mejorar la prestación de los servicios y la operación de los ómnibus de larga distancia.
En el Ministerio de Transporte de la Nación explican que apuntan a que la terminal sea económicamente autosustentable y afirman que esperan inversiones por más de $ 500 millones. Además, una vez adjudicada la concesión, el control de la terminal pasará a manos del Gobierno porteño, en un paso más hacia la autonomía plena de la Ciudad.
El nuevo contrato será por 20 años e incluye la explotación de los locales comerciales, la playa de estacionamiento, los espacios destinados a publicidad, las estaciones de servicio y carga de combustible, los depósitos, las boleterías, las oficinas y los servicios rentados de maleteros.
Los pliegos licitatorios incluyen una estructura de negocio nueva y autosustentable; un plan de obras para la reparación y ampliación de la Terminal, y un plan de mantenimiento y de prestación de servicios, incluyendo seguridad y limpieza.
TEBA debía seguir operando la Terminal hasta el 31 de mayo de 2016. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lanzó una licitación para volver a concesionarla en octubre de 2015, dos meses antes del final de su mandato. Se llegó a pedir un estudio técnico para una obra de $ 1.000 millones que iba a hacer el Estado y no el concesionario. Pero todo quedó en la nada.
Ante esta situación, la gestión macrista le dio un permiso de uso precario a TEBA por un año más mientras resolvía la nueva convocatoria. El llamado fue publicado en el Boletín Oficial del viernes último, la apertura de sobres será el 6 de abril para las ofertas técnicas y el 16 de mayo para las económicas. La adjudicación se haría a principios de junio.
Mientras tanto, la terminal sigue en manos de Otero, quien además de la causa por las dádivas a Jaime, por la que pidió una probation, tuvo otras dos investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la Ciudad por alquilarles galpones de las estaciones ferroviarias de Retiro y Once a manteros para que depositaran las mercaderías que luego vendían ilegalmente en la calle. Por esos expedientes tuvo que pagar multas por $ 100.000 y $ 70.000, respectivamente. Aún así, consiguió que la Legislatura porteña le aprobara la construcción de la terminal Dellepiane, que ahora está terminada pero nadie sabe cuándo comenzará a operar.
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