El gobierno porteño dio marcha atrás con las licencias que había impuesto compulsivamente a la comisión directiva electa de la Asociación de Profesionales de Servicio Social (APSS), gremio de las asistentes sociales. La medida se da en el contexto de más de un mes de conflicto, con manifestaciones en la calle y asambleas en hospitales y centros de salud. Según trascendió, la administración pública buscó dejar sin trabajar y sin cobrar a 19 asistentes para evitar que asumieran sus funciones de representación gremial.
Según informó hoy el diario Página 12, aunque finalmente debieron anular las licencias compulsivas –lo que quedó asentado en un acta acuerdo–, la dirección de relaciones laborales del Ministerio de Hacienda porteño insistió en recortar la representación gremial, ya que reconoció a las autoridades del sindicato pero no a las delegadas. El 28 de agosto hicieron sus elecciones internas, que ganó la lista Naranja Violeta.
Como se hace siempre, notificaron sobre las nuevas autoridades a los ministerios de Trabajo de Nación y de Ciudad y al Ministerio de Hacienda porteño. “Nos respondieron que no la aceptaban y que nos licenciaban sin goce de sueldo”, contó Natalia Castrogiovanni, presidenta de la organización. Para las trabajadoras sociales no hay duda de se trató de un ensayo que las eligió porque son un sindicato chico –de 500 afiliadas sobre un total de 800 trabajadoras sociales del área de salud–, integrado mayoritariamente por mujeres. “Hubo una interpretación maliciosa de la ley de Asociaciones Profesionales”, advirtió Castrogiovanni.
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