La Legislatura derogó la polémica ley que le daba poder a los encargados de los edificios sobre los consorcios, y que podía encarecer las expensas. La norma había sido impulsada por un pacto entre el PRO y el sector del peronismo que responde a Víctor Santa María, el secretario general del sindicato de los porteros y también presidente del PJ porteño.
La norma fue anulada por unanimidad, por 55 votos. Se concretó así una situación política insólita: el 3 de diciembre la ley había sido aprobada por 58 votos a favor y dos abstenciones. Es decir que en poco más de seis meses los legisladores le dieron amplísimo apoyo a dos decisiones totalmente contradictorias.
Es que la norma fue votada en la última sesión ordinaria del año pasado, en el marco de un paquete de leyes sancionado a las apuradas. De hecho, algunos legisladores reconocieron que desconocían el texto.
El fastidio vecinal fue tal que los legisladores ni siquiera lograron apoyo para reformar la ley y reducir la prevalencia del SUTERH en el Consejo, además de decidir que los integrantes del directorio del organismo trabajaran ad honorem.
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