La Legislatura porteña aprobó hoy un pedido de informes presentado por el legislador socialista Adrián Camps que indaga sobre el grado de cumplimiento de la Ley 1502 de Cupo Laboral para Personas con Discapacidad, sancionada en el año 2004, que regula la incorporación en un cupo no inferior al cinco por ciento de personas con discapacidad al sector público de la Ciudad.
La iniciativa solicita información acerca de la cantidad total de empleados y el porcentaje de aquellos con discapacidad correspondiente a cada ministerio, pero también a todas las empresas y sociedades del Estado, incluso las que se encuentran actualmente concesionadas -la norma mencionada alcanza a todas «las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias y las entidades. A su vez, establece que «en todo contrato de concesión de servicios, de transferencia de actividades del Estado al sector privado, o de renovación y/o modificación de los vigentes se deberán establecer cláusulas que dispongan el cumplimiento y modalidad de control de aplicación de la ley»-.
Si bien la norma preveía la incorporación gradual en un plazo de cinco años a partir de su sanción -prorrogado por el término de un año mediante la Ley N° 3230-, a fines de 2012, los únicos dos organismos de la Ciudad que poseían un cinco por ciento de trabajadores con discapacidad eran la Procuración General y el Ministerio de Educación. Un año después, se sumaron Obligaciones a cargo del Tesoro, la Secretaría de Comunicación Social, la Secretaría General y la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico. Esto muestra que, al menos hasta septiembre de 2013, la ley 1502 no se cumplía en su totalidad en el Poder Ejecutivo.
“Según lo informado a la Comisión de Promoción e Integración Social de la Legislatura por la Copidis, sabemos que se están tomando medidas para cumplir con la legislación vigente; por ejemplo la creación de la Gerencia Operativa de Aspirantes a Empleo Público, destinada a mantener actualizado el registro de personas con discapacidad que aspiran a tener un empleo en alguno de los organismos alcanzados por la ley. Además, desde la propia Copidis se han informado gran cantidad de incorporaciones laborales de personas con discapacidad. Pero, de todos modos, nos parece importante conocer el porcentaje actual de personas con discapacidad que se encuentran trabajando en las distintas entidades porteñas”, explicó el legislador Camps.
La Ley 1502 viene a dar cumplimiento al artículo 43 de la Constitución porteña que obliga a la Ciudad a garantizar “un régimen de empleo público que asegure un cupo del cinco por ciento del personal para las personas con necesidades especiales».
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