La Legislatura tiene previsto debatir el próximo jueves una prórroga de la Ley 622, por la cual se prohíbe el ingreso de ganado vacuno en pie en todo el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.
Los diputados porteños definieron tratar la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2018 la entrada en vigencia del artículo 1° de la Ley 622. La norma prohíbe el ingreso de ganado vacuno en pie en todo el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la excepción de aquellos destinados a exposiciones, ferias o actividades científicas, culturales o deportivas.
Esta medida fue solicitada a la Comisión de Desarrollo, Mercosur y Políticas de Empleo por el Ejecutivo de la Ciudad. «Las particulares características de las instalaciones, la actividad que se realiza y la necesidad imperiosa de proyectar un trabajo organizado que permita mantener las fuentes de trabajo, deviene de imposible cumplimiento la restitución del inmueble en forma inmediata», señala el despacho de Comisión.
El Gobierno porteño explicó que «es imprescindible el traslado del Mercado de manera escalonada, pactando que la efectiva restitución del inmueble no podrá extenderse más allá del 31 de diciembre de 2018».
Al respecto, el legislador del PRO Octavio Calderón afirmó a BAE que «los pasos para el traslado del Mercado de Liniers al Mercado Central no se pueden cumplir de un día para otro, va a llevar un año por lo menos» y subrayó que «en el mientras tanto, el Mercado de Hacienda sigue funcionando donde está, pero se cumplirán en forma paralela las distintas etapas firmadas por convenios para alcanzar el traslado definitivo a la provincia».
En tanto, diputados del bloque del Frente para la Victoria-PJ presentaron un proyecto de resolución para expresar su «preocupación por el eventual traslado del Mercado de Hacienda de Liniers al partido de La Matanza» cuando no se ha dado la «debida intervención» a la intendenta de ese distrito, Verónica Magario.
Para el kirchnerismo la intención de mudar «un lugar famoso y conocido por su poco apego al cumplimiento de la Constitución y las normas legales y tributarias es una irresponsabilidad escandalosa»y esconde «la intención de obviar el poder de policía y de imposición de la Municipalidad de La Matanza«.
A propósito de ello, los legisladores pidieron saber «si se realizaron estudios ambientales» y, en caso afirmativo, si éstos fueron informados el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de la Matanza para realizar «los trámites para obtener las habilitaciones correspondientes».
En los primeros días de julio, el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, firmaron un convenio para iniciar el traslado en forma gradual del Mercado de Hacienda de Liniers a un terreno ubicado en frente del Mercado Central, en el partido bonaerense de La Matanza.
El propósito es que las 32 hectáreas que ocupa el Mercado de Hacienda de Liniers, en el barrio de Mataderos, sean «desocupadas y devueltas» a la Ciudad según un cronograma para hacer efectiva la restitución y el pago de la deuda antes del 31 de diciembre de 2018.
En los fundamentos el texto que suscribe el kirchnerismo afirma que el Mercado Central, «desarrolla actividades ajenas a su objeto» al afectar «la transparencia del mercado y la libre competencia al amparar actividades en negro, la evasión de impuestos» y «de las obligaciones fiscales con el Municipio de La Matanza».
El kirchnerismo asegura que el traslado del Mercado de Hacienda a la provincia de Buenos Aires tendrá un considerable impacto ambiental porque «más de un millón doscientas mil vacas anuales producen excrementos, orines, olores que contaminan tierras, napas, disminuyen el valor de los barrios lindantes y ponen en riesgo la salud de los habitantes».
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