La asesora tutelar de primera instancia, Mabel López Oliva, y el asesor tutelar de Cámara, Gustavo Moreno, presentaron a la jueza Cecilia Molica Lourido un exhaustivo documento, donde se analiza la información suministrada por el Poder Ejecutivo porteño respecto de la reforma educativa, que se aplicará en el primer año de 19 escuelas estatales de nivel medio, y en 10 establecimientos privados durante el presente ciclo lectivo.
Los magistrados del ministerio Público Tutelar requirieron que la información se completara con el listado de las 10 escuelas privadas en las cuales se implementará la reforma (información que fue negada expresamente por el ministerio de Educación), el informe de relevamiento de la infraestructura de los edificios y de los recursos de las 19 escuelas estatales en las que también se implementará la reforma educativa, y la identificación del presupuesto invertido y a invertirse.
En diálogo con revista Qué, Gustavo Moreno detalló que «desde el ministerio resolvieron casi todos los tópicos menos el informe de los edificios de las 19 escuelas estatales. Acompañaron un informe de infraestructura de las aulas de los primeros años, pero lo único que inspeccionaron o mejoraron son las aulas de los primeros años donde se va a desarrollar la Secundaria del Futuro que se va a desarrollar en los primeros años».
En ese sentido Moreno agregó que «no acompañaron ningun informe de seguridad de todo el edificio, lo que es una dualidad, porque no se puede tener a los chicos en aulas espectaculares en edificios que no se sabe si están en condiciones, hay muchas normativas, sistema de seguridad, de plan contra incendios que hay que cumplirlo para todos los chicos, no para los primeros años».
«Lo que no pudieron identificar es la inversión presupuestaria que se va a hacer en las secundarias, ellos dicen que las licitaciones públicas se hacen para todas las escuelas y no para algunas, pero esto debería tener algún grado de inversión determinado», señaló el asesor tutelar de Cámara, Gustavo Moreno. «La jueza dispuso que nosotros expliquemos por escrito los puntos que no están claros y van a intimar al gobierno para que el lapso de 3 días conteste el pedido, una vez que nosotros presentamos los puntos, y lo haremos la semana próxima», detalló Moreno.
Esta semana, se realizó la segunda audiencia de la mesa de trabajo del proceso judicial por la «Secundaria del Futuro», en el marco del reclamo al Poder Ejecutivo porteño para que dé información sobre la reforma educativa. Una vez más, no hubo acuerdo judicial. La reunión tuvo lugar ante la presencia de la jueza Cecilia Molica Lourido, y estuvieron los asesores tutelares –en representación de los alumnos-, además de un grupo de padres y docentes patrocinados por el defensor oficial Ramiro Dos Santos Freire. Por parte del Gobierno acudieron Sofía Fariña y Agustín Luzzi por el Ministerio de Educación, y el abogado Diego Farjat por la Procuración General de la Ciudad.
Como resultado de la audiencia, se concluyó que quedaron tópicos pendientes de información, como los relacionados a la infraestructura edilicia de las 19 escuelas estatales pilotos y la previsión presupuestaria para la implementación de la reforma educativa. Se sumó la falta de acuerdo en establecer un mecanismo de participación para que todas las partes puedan opinar y debatir la información que recién ha terminado casi de brindar el Ministerio de Educación ante las intimaciones judiciales.
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