Los gobiernos de la Nación y la Ciudad dieron el primer paso del largo proceso de transferencia de la Justicia al ámbito porteño. Se trata del traspaso de ocho juzgados penales y dos de Menores, más otras dependencias judiciales. Este cambio de manos es un avance en la autonomía de la Ciudad, que promete acelerar los tiempos de resolución de los juicios. Por lo pronto, nueva la Justicia porteña no heredará expedientes viejos sino que empezará a ocuparse de las nuevas causas de robos y hurtos, entre otros delitos.
Al convenio lo firmaron el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. La transferencia implica que 490 personas, entre magistrados y empleados judiciales, pasarán al Estado local. Por eso, la Nación transferirá los recursos para financiarlos, pero la cifra se definirá recién cuando se cumplan todos los pasos restantes para concretar el traspaso: en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad estiman que las nuevas estructuras «estarán operativas entre setiembre y octubre».
El traspaso se concretará 90 días después de que lo avale el Congreso. Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura realizará los concursos para cubrir los cargos. Los juzgados a traspasar son los que están vacantes, algunos desde hace años, y venían funcionando con jueces subrogantes.
Las causas que hoy tramitan en esos juzgados serán derivadas a los otros que permanecerán en la Nación. La idea es que lleguen «vacíos», para que puedan empezar a ocuparse de las nuevas causas de robo, hurto y el resto de los delitos que se transferirán en esta etapa, más todos los que ya se habían pasado en 2004 y 2010 (lesiones, amenazas, usurpaciones y otros), y que fueron absorbidos por los 31 juzgados contravencionales de la Ciudad.
Así, los juzgados que seguirán en manos de la Nación ya no abrirán nuevas causas por robos o hurtos, pero sí continuarán ocupándose de los homicidios, las estafas y el resto de los delitos no transferidos.
Facebook
Twitter
RSS