El legislador porteño Adrián Camps (PSA) presentó un pedido de informes a fin de conocer las características técnicas del proyecto que el Gobierno de la Ciudad prevé para el tratamiento de los residuos, y las razones del altísimo presupuesto asignado a su construcción. El Gobierno porteño proyecta la construcción de dos plantas de tratamiento de residuos con tecnología MBT (Tratamiento Mecánico Biológico), para lo que destinaría unos 4.500 millones de pesos.
Camps asegura que “desde hace 2 años, funciona en la CEAMSE una planta de similares características; fue instalada por una empresa privada y costó 170 millones de pesos”
En los fundamentos del proyecto, el diputado del interbloque ECO señala que “este tipo de tecnología ya ha demostrado un escaso poder de recuperación de materiales reciclables. La ecuación costo-beneficio da índices desastrosos. Claramente, no es la mejor solución”.
En 2013, una empresa privada instaló una planta de tratamiento de residuos utilizando el método “Mecánico Biológico” en la CEAMSE, donde la Ciudad lleva a procesar mil toneladas diarias y paga por los residuos “tratados, no enterrados”. Según cifras aportadas por el legislador la planta MBT sólo recicla el 4% de los residuos que ingresan: un 38% (materia orgánica y materiales pequeños) recibe tratamiento y se convierte en residuo seco utilizado, luego, para separar capas en el relleno sanitario; el restante 58% (fracción de rechazo) se entierra directamente.
“Una de las plantas será instalada en un predio separado del autódromo de la Ciudad de Buenos Aires (Comuna 8); la otra, se ubicará en un sector del Parque de los Niños (Comuna 13). Pese a estar consideradas por la Ley Nº 123 como emprendimientos con relevante efecto, no hay constancia de que se haya realizado el estudio de impacto ambiental y la audiencia pública requeridos por la norma”, agregó Camps.
En tanto, el diputado resaltó que “mientras tanto, las Cooperativas de Cartoneros, que reciclan más que las plantas MBT, registran incumplimientos y retrasos en la provisión de equipamiento y en la apertura de nuevos centros verdes, además de los sucesivos reclamos por la falta de formalización de cartoneros independientes. El convenio firmado con el Gobierno de la Ciudad está próximo a vencer. Debe renovarse en 2016”.
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