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Proponen modificaciones a la ley de Comunas y el poder de los “comuneros”

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La legisladora porteña del Frente para la Victoria, María Rosa Muiños, presentó un proyecto con el objetivo de llevar adelante una descentralización del poder, cuyos principales “beneficiarios serán los vecinos de la Ciudad”.

La iniciativa busca ampliar las obligaciones y competencias de los miembros de las Juntas Comunales, las cuales pasarán a estar conformadas por áreas similares a las del Poder Ejecutivo, con el objetivo de canalizar las demandas de los porteños, además de establecerse la confección del Presupuesto Participativo Comunal con el aporte de los vecinos de forma independiente al Gobierno de la Ciudad.

“Desde el Poder Ejecutivo quieren instalar la idea de que los comuneros cobran un sueldo por no hacer nada porque, en el fondo, quieren hacer desaparecer a las Juntas para no delegar el poder”, sostuvo Muiños y afirmó: “Por eso, uno de los propósitos de este proyecto es asignarles a los comuneros más competencias relativas a salud, educación o seguridad en el ámbito de su barrio, para lograr una descentralización efectiva”.

Muiños, presidenta de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana de la Legislatura porteña, agregó que “los miembros de cada Junta deberán reunirse con una frecuencia mínima de una vez por semana y el comunero o presidente que se ausente sin autorización pierde el derecho a toda retribución correspondiente al tiempo que dure su ausencia”, según expresa el articulado.

El expediente también plantea “el fortalecimiento de los Consejos Consultivos, los cuales deberán implementar mecanismos de participación en la elaboración del presupuesto, canalizar demandas, elaborar propuestas, definir prioridades y realizar un seguimiento de la gestión, con la participación activa de las asociaciones civiles, clubes de barrios, cooperadoras y centros de jubilados, entre otros”.

Además, el proyecto pretende dotar a las Comunas de “estructuras técnicas que colaboren con la Junta Comunal para un mejor aprovechamiento de los recursos con que cuenta cada una, privilegiando al personal de planta permanente para ocupar esos cargos”.

Asimismo, apunta al establecimiento de “una oficina dedicada exclusivamente al trámite y gestión de audiencias públicas, en pos de continuar profundizando los procesos de participación ciudadana y democracia participativa”.