Hace cuatro días que puesteros de un centro comercial privado de Constitución cortan el cruce de Brasil y Lima, a media cuadra de la terminal ferroviaria, para reclamar por sus lugares de trabajo. Los dueños del predio Paseo La Estación cerraron las persianas de la feria el domingo último sin previo aviso a sus inquilinos y, desde entonces, 800 familias se quedaron en la calle y con su mercadería guardada en los locales.
La manifestación, que incluyó la instalación de una carpa en la que los vendedores pasan la noche, provoca problemas de tránsito en la zona, sobre todo en la calle Salta, por donde se deben desviar los automóviles y colectivos que llegan desde el Sur hacia el centro de transbordo de Plaza Constitución. La Policía Federal custodia los accesos y el caos vehicular se hace sentir en horario pico.
«Los dueños nos quieren meter presión para que aceptemos que cada seis meses el alquiler de los puestos suba un 20%. Eso no era lo que habíamos arreglado de palabra. Ya estamos en cifras cercanas a los $ 30.000 mensuales», dijo a Scott Velarde, uno de los referentes de los comerciantes. El delegado denunció que la administradora del predio, a la que identificó como Ana María Martínez, «se quedó con la mercadería y no contesta el teléfono».
El lugar tiene 10.000 m2, cuenta con dos plantas y alrededor de 450 pequeños locales. El paseo comercial tal como es conocido ahora tiene tres años de antigüedad, pero el espacio funciona desde hace unos ocho años. Ante la manifestación de los vendedores para exigir que se reabra el espacio, la Policía Federal montó un operativo de custodia. Desde la Subsecretaría de Tránsito porteña se ocupan del reordenamiento de la circulación vehicular.
Hasta ayer, sólo representantes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad se habían acercado al lugar del conflicto con la intención de interceder entre las partes y gestionar una mediación. Los manifestantes, en tanto, se presentaron anteayer en el Juzgado de Instrucción N° 8 para dar a conocer su situación.
Desde el gobierno porteño se indicó que el predio no está clausurado, sino que «está en proceso de análisis documental» por los reiterados cambios de socios que registra.
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