Una queja vecinal llevó el problema de la poda a la Justicia y logró frenarla. Se trata de un problema clásico de todos los años: las cuadrillas que llegan en camiones, con grúas y sierras, y que en media hora arrasan con los árboles de una cuadra. Los vecinos sufren porque no pueden hablar con nadie que se encuentre a cargo del operativo y porque los árboles quedan destrozados.
En el caso que llegó a la Justicia, la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario rechazó una apelación del Gobierno de la Ciudad y le ordenó al Ejecutivo porteño que «arbitre las medidas correspondientes para suspender la poda y/o tala del arbolado público».
El fallo pone el foco sobre tres acciones fundamentales: que se haga una evaluación técnica previa a cada intervención, disponer de personal técnico habilitado y capacitado y finalmente, certificar la capacidad del personal para la evaluación técnica de los árboles. Estos tres ítems forman parte de tres artículos de la ley 3.263 de Arbolado Público Urbano.
La vecina que presentó el recurso de amparo se llama Claudia Heras y justificó su pedido frente a «la mutilación de gruesas ramas que dejan expuesto al árbol frente al agua de lluvia y al subsiguiente ataque de plagas. Los árboles quedan reducidos a tristes y altísimos troncos sin ramas». Heras inició la acción a fin de resguardar «su derecho constitucional a un ambiente sano y equilibrado y a la preservación del patrimonio natural». El amparo había sido presentado en junio.
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