Hay cientos hoteles porteños que no respetan las normas y la legalidad. Desde fachadas en mal estado y mampostería desprendida, hasta cables sueltos y caños a la vista. Además, están los que se utilizan para encubrir delitos, como el narcotráfico y la explotación sexual de mujeres. A muchos se llega por denuncias de los vecinos o los huéspedes. Si los inspectores del Gobierno porteño comprueban que no poseen habilitación, se encuentran funcionando por fuera de la ley, o cometen un delito y violación de las medidas de seguridad, no sólo se clausuran, sino que hasta pueden necesitar una orden de allanamiento para realizar una inspección. El año pasado, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) clausuró 178 de los 3.486 establecimientos inspeccionados, unos tres por semana. Sin embargo, muchos siguen funcionando igual.
«Desde la agencia corroboramos que los alojamientos no estén funcionando de manera clandestina, o sea sin habilitación y violando las medidas reglamentarias de seguridad e higiene», le dijo a el jefe de los inspectores de la AGC, Gustavo May. «Cuando tenemos que controlar las típicas pensiones barriales, ya desde afuera detectamos irregularidades que nos dan el indicio de que el edificio no está en condiciones de ser utilizado y puede presentar un riesgo a los clientes».
Los barrios de Constitución, San Telmo, Balvanera y Once son los lugares con mayoría de casos de alojamientos clausurados. El año pasado hubo más de 69.000 inspecciones.
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