La convivencia con basura, ratas y la falta de agua potable y cloacas es cotidiana para las familias que habitan el edificio del «Elefante Blanco», lindero con la Ciudad Oculta, en el barrio porteño de Villa Lugano, a un año de que la jueza Elena Liberatori, tras una visita al lugar, intimara al gobierno de la Ciudad a realizar obras para mejorar la calidad de vida de los vecinos.
La magistrada, junto a la Defensoría General de la Ciudad, que impulsa la causa para que los habitantes del Elefante Blanco tengan una mejor calidad de vida, realizaron una recorrida por el lugar para constatar el avance de las obras con la que se había comprometido el gobierno porteño ante la Justicia.
Ramiro dos Santos Freire, defensor adjunto, quien formó parte de la recorrida aseguró que el gobierno porteño «realizó algunas obras como la limpieza de la basura en el primer subsuelo del edificio pero aun resta sacar toneladas de residuos en el segundo y tercero».
Agregó además que uno de los elementos nuevos «es que se incrementó la cantidad de casas precarias montadas en los alrededores del edificio, que forman parte del predio y también son objeto de la causa judicial y que padecen los mismos problemas que los vecinos que habitan dentro del inmueble».
En este sentido remarcó que estos vecinos, «que forman parte de la misma problemática aún no resuelta, conviven con un cementerio de autos».
«Esto es algo que pasa en muchas villas como la Rodrigo Bueno o lo que fue el barrio papa Francisco y constituye un gravísimo problema ambiental porque tornan a los terrenos inviables para una posible planificación urbana, mientras que son otro foco de contaminación para los habitantes», sostuvo el defensor.
Precisó además que otro factor grave aún no solucionado «es que los habitantes no tienen agua potable, ni cloacas. Logran proveerse de agua a través de cañerías clandestinas en pésimo estado y por su característica consumen agua contaminada. Esta es la razón por la que los chicos se enferman».
Dos Santos reconoció que el gobierno de la Ciudad «a través de subsidios redujo la cantidad de personas que viven en el edificio y esto es algo positivo en la medida que las viviendas que consigan sean estables y con todos los servicios, es decir una vivienda digna».
«pero lo que más nos preocupa -apuntó- es la situación individual de los vecinos por eso apostamos a intensificar el diálogo con ellos y por supuesto con el gobierno de la Ciudad para que cumpla con las obras prometidas».
El 20 de diciembre del 2013 la jueza Liberatori hizo lugar a un recurso de amparo presentado por los vecinos y le exigió al gobierno porteño la limpieza del basural y la provisión de agua potable dado que los habitantes del lugar habían referido que contraían todo tipo de enfermedades, especialmente por los niños, por la exposición constante con la basura.
En abril del año pasado, la magistrada intimó al gobierno de la Ciudad a cumplir con las obras que había exigido a través de la cautelar tras realizar una nueva inspección ocular al lugar y constatar que se habían efectuado muy pocos avances en cuatro meses y que la situación sanitaria de las 120 familias residentes era grave.
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