El Presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta firmarán un convenio para empezar a traspasar la justicia penal a manos del Estado local. La medida saldará una deuda institucional de 20 años y tiene como objetivo agilizar el funcionamiento de los juzgados. Pero no está libre de polémica: los jueces nacionales se resisten al cambio de mando.
La idea es traspasar ocho juzgados nacionales en lo criminal y correccional, que están vacantes y dos juzgados de Menores. Quedarán para más adelante los fueros Civil y Comercial, Laboral y de Familia
La Ciudad ya controla el fuero contencioso administrativo (que atiende los casos en los que está involucrado el Estado) y el contravencional y de faltas. A este último ya se le habían sumado algunas competencias penales, en convenios firmados en 2004 y 2010. Pero se trata de delitos menores, como amenazas o usurpación, y no los temas más relevantes como robos o crímenes.
También serán transferidos el fuero de Defensa del Consumidor, el Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia.
El traspaso implica que la Ciudad empezará a tener a su cargo a todos los magistrados y empleados del fuero, aproximadamente 490 personas. Por eso, el convenio establece que la Nación le girará a la Ciudad los recursos económicos para hacerse cargo del gasto, tal como pasó con la Policía.
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