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Batalla legal por el Mercado Central de Colegiales

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El lunes pasado, el juzgado de Torres ordenó una serie de medidas, en la misma línea que lo había hecho en febrero pasado cuando apuntó los cañones contra tres empresas (Patagonia Sunrise SRL, Fruit Pack SRL y Energy Nature Free SA), vinculadas al Mercado Central y a su presidente Martínez.

El polémico proyecto para instalar en Colegiales un mercado en un terreno que fue de los ferrocarriles nació hace un año, cuando estos tres funcionarios firmaron un “permiso de uso” gratuito por diez años. Ese convenio impedía, entre otra cuestiones, subalquilar el predio y limitaba su uso a la comercialización de frutas y hortalizas.

Pero bajo cuerda, Martínez inició negociaciones con las empresas que están en la mira del juez para subalquilar el predio y vender lacteos, pescados, carne vacuna y panificados y hasta elementos de limpieza.

Un grupo de vecinos de Colegiales denunció la maniobra ante la justicia federal y los funcionarios del Mercado Central y la Aabe trataron de corregir las irregularidades con la firma de un nuevo convenio.

Es así que el 7 de enero pasado, o sea luego de haber firmado el primer permiso de uso con la Aabe, Martínez pidió una ampliación para poder vender más productos y también para subalquilar los lotes. Dos días después, la Aabe perfeccionó la maniobra y otorgó el permiso.

En otras palabras, cuando la justicia federal comenzó a investigar a los funcionarios imputados, volvieron sobre sus pasos y trataron de corregir las irregularidades. En el medio pasaron casi ocho meses

Sin embargo, el pasado lunes 13, la justicia federal ordenó:

· Que la directora de Asuntos Jurídicos de la Aabe, con carácter de urgente y en el plazo de siete días, informe si en el marco de la autorización dada al Mercado Central para subalquilar los terrenos esa Corporación suscribió contrato alguno, en especial, con las sociedades Patagonia Sunrise, Fruit Pack y Energy Nature Free.

· En caso afirmativo, que se remita al tribunal copia certificada de los contratos en cuestón.

La denuncia del grupo de vecinos también hizo hincapié en que en 2003 el terreno (de unos tres mil metros cuadrados) estaba destinado a convertirse en una plaza por un convenio firmado entre el entonces presidente Néstor Kirchner y el entonces jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra.

Por esa razón, el Juzgado también ordenó:

· Requiérase al señor Director del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal que, en el plazo de cinco días, remita a este Tribunal la totalidad de la información que obre en ese registro respecto del predio ubicado en la calle Cramer 475 de esta ciudad, emplazado entre las calles Cramer, Olleros, Jorge Newbery y vías del ferrocarril Carranza-Colegiales (ex Línea Mitre), cuya nomenclatura catastral sería Circunscripción 17, Sección 35, Manzana 69 Parcela 000.

· Paralelamente, solicítese al titular de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, con carácter de urgente y en el plazo de cinco días, informe a este Tribunal si, en el marco de los Convenios n° 24 y 28/03 suscriptos por el Jefe de Gobierno el 31 de julio de 2003 (con el Estado Nacional y la ONABE respectivamente) tramitó convenio alguno respecto del predio ubicado en Cramer 475.

. Asimismo, requiérase al Secretario Administrativo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que, con carácter de urgente y en el plazo de cinco días, se sirva informar el estado actual de los proyectos de ley que tramitan bajo los expedientes n° 3029-D- 2014, 3064-D-2014 y 200102227, así como también de los proyectos de resolución n° 200501588 y 200600488; todos los que guardan relación con el predio de la calle Cramer No 475.