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Crece el escándalo por la estafa de viviendas a los trabajadores del Subte

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Siempre había soñado con tener su casa, y encontró un atajo: le prometieron que, sin sorteo y con adjudicación directa, podría acceder a un techo de los que construye el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). Eso sí, tendría que pagar un adelanto de entre 70.000 y 150.000 pesos para conseguirlo. Luego, seguiría pagando las cuotas que el organismo le otorgara.

Pero no fue así. Un día, vio en un programa de TV cómo se adjudicaba la vivienda que supuestamente le correspondía y pidió explicaciones. Después de escuchar razones poco creíbles se dio cuenta de que había sido estafado. Pero no era cualquier estafa: estaban involucrados sus jefes y, según se investiga, algunos funcionarios porteños.

Éste es uno de los 200 casos de personas que entregaron dinero por adelantado para que se les adjudicara una casa. Y fueron estafadas. La mayoría de las víctimas son empleados del subte. Hoy existen dos causas en la Justicia en las que se investigan los casos y que podrían unificarse.

“La operatoria consistía en que les ofrecían a trabajadores del subte viviendas construidas por IVC a un precio muy barato, con boletos de preadjudicación, con firmas apócrifas, a cambio de un depósito inicial de entre 70.000 y 150. 000 pesos”, indicó el diputado porteño José Cruz Campagnoli (Nuevo Encuentro).

“Pese a que nadie recibió la vivienda prometida, la estafa alcanzaría a más de 200 trabajadores y llegaría a los 35 millones de pesos”, indicó el legislador, quien destacó que el dato inicial fue aportado por el secretario general de los metrodelegados, Roberto Pianelli.

La denuncia de Campagnoli fue presentada ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital (Juzgado de Instrucción 26)y sostiene que “desde fines de 2014 cientos de trabajadores del subte recibieron la oferta de adquirir inmuebles y firmaron documentos que eran presentados como boletos de preadjudicación de distintas viviendas desarrolladas por el IVC”.

Las viviendas que ofrecían eran de los terrenos de Casa Amarilla, en Pi y Margall al 900 (La Boca); de los asignados a los vecinos de la cuenca Matanza Riachuelo por la Acumar, en Luzuriaga 837 (Barracas), y los de Lafuente 64/70 (Flores). En la mayoría de los casos, las viviendas ya estaban adjudicadas por una orden judicial o por el IVC.

La presunta estafa tuvo éxito porque pudo realizarse en lo que la Justicia denomina como “círculo de confianza”. Según se desprende de la denuncia a la que tuvo acceso LA NACION, los trabajadores mencionaron a Francisco González (jefe de Estacionamiento de la línea C del subterráneo), Diego Filardi y Orlando Acosta, (supervisores de la línea C) y Daniel Giraudi (jefe de Estaciones de la línea B).

Cómo operaban El modus operandi de este grupo de personas consistía en acercar la propuesta de venta y luego convocar a los trabajadores a una oficina en la zona céntrica de la ciudad para la firma en blanco de lo que luego sería el boleto de preadjudicación a cambio de un depósito inicial. Según los testimonios, el contacto con el IVC lo hacía un puntero de Pro, a quien mencionan con el nombre de Fabián Ventos.

Los documentos tienen firmas que serían falsas. Algunos boletos tienen la rúbrica de Emilio Basavilbaso, presidente del IVC, y del gerente general del IVC, Iván Kerr. También figura Mauricio Devoto certificando las firmas desde la escribanía general del IVC. Otra de las firmas que aparecen es la de Homero Bibiloni, ex presidente de Acumar, que dejó su cargo en 2010.

En el IVC tomaron conocimiento de la situación. Incluso en marzo pasado ya habían denunciado ante la justicia nacional un caso por presunta estafa, al que ahora se suman otros nuevos. En el organismo indicaron que no hay ningún empleado con el nombre Fabián Ventos y que comenzó un sumario interno para investigar las posibles vinculaciones.