En el primer cuatrimestre del año la cantidad de protestas en la Ciudad creció un 8% respecto del año pasado. Pese a que el comentado protocolo antipiquetes ya rige en la Capital, si se toman los días hábiles de estos primeros meses del año ya hubo 2,5 cortes en promedio por jornada.
El dato surge del informe que mensualmente actualiza la consultora Diagnóstico Político. Entre enero y abril hubo 201 piquetes, contra 186 del mismo período del año pasado. El salto mayor ocurrió en febrero, con siete protestas más que en igual mes de 2015, y de la mano de las manifestaciones de los estatales
La llegada de Uber, la polémica app de transportes, desplegó un arsenal de protestas de partes de los choferes y dueños de taxis, incluyendo cortes en la 9 de Julio. Sin ir más lejos, sólo el 15 de abril realizaron 25 piquetes simultáneos. También organizaron marchas y manifestaciones frente a la sede del Gobierno porteño en Parque Patricios. Lo insólito es que la Ciudad apoya a los taxistas contra Uber, pero los piquetes suceden igual.
No es la única contradicción. En 2014, la misma consultora realizó una encuesta en la que encontró que el 84% de los porteños rechazaba los piquetes como forma de protesta, pero el 78% los justificaba si eran para reclamar por cortes de luz o por la inseguridad. Es decir que vecinos y taxistas, dos de los grupos que más se quejan de los problemas de tránsito que generan los piquetes, son a la vez dos de los que más los hacen.
Pero en febrero el Gobierno nacional, con mucha polémica, reglamentó el protocolo antipiquetes, una guía de acción para las fuerzas de seguridad. La Ciudad ya lo reglamentó, a través de una resolución del fiscal general adjunto del Ministerio Público Fiscal, Luis Cevasco
Martín Ocampo, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad aseguró que «la Policía de la Ciudad y la Metropolitana ya están actuando. La resolución deja en claro que los derechos constitucionales de reunión y de peticionar a las autoridades no justifican conductas abusivas que afecten derechos de terceros ni ampara conductas contravencionales como la pelea, el hostigamiento o maltrato, obstaculizar el ingreso o salida a un lugar, portar armas no convencionales, discriminar, afectar o alterar servicios o señales públicas, o ensuciar bienes”.
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