Cualquier persona que estacione un vehículo en la Ciudad de Buenos Aires sabe que tiene grandes chances de sufrir en carne propia el sistema de grúas de acarreo, que se llevan un rodado cada dos minutos.
Aunque la argumentación de las autoridades del gobierno porteño es que así se desalienta la utilización de automóviles en el centro, la realidad es que se trata de un negocio, con licitación vencida desde hace 15 años y una recaudación de 24 millones de pesos mensuales destinados a dos empresas privadas, sin beneficio alguno para los ciudadanos porteños. Cada una de las empresas concesionarias acarrea 10 mil autos al mes
La polémica por este sistema se remonta al año 2001, cuando se venció la licitación a las compañías Dakota SA y BRD SAICFI, que manejan el acarreo y la cobranza cuando los conductores van a retirar sus vehículos a las playas, actualmente con un monto de 580 pesos (luego se debe enfrentar la multa por el supuesto mal estacionamiento). Desde aquel momento, ambas firmas reciben prórrogas irregulares del Poder Ejecutivo porteño.
La Defensoría del Pueblo explica en detalle que la normativa vigente en torno a la remoción de los vehículos es transgredida por las empresas a cargo del acarreo. Es que los vehículos sólo pueden ser removidos por grúas si resultan peligrosos o constituyen un obstáculo para la circulación, requisitos que exige el Código de Tránsito y Transporte. Ello sin dejar de mencionar que estos valores no ingresan a las arcas del fisco, sino que son ingresos netos que reciben las concesionarias, con lo cual no forman parte del presupuesto ni son destinados al bien público.
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