
En 2013, el 90% de los vagones del subte porteño estaban vandalizados. Ante la queja de los usuarios y la imagen de abandono que generaba ese panorama, se decidió implementar un plan para desgrafitarlos y mejorar la seguridad de la red.
En 2014 Sbase destinó $6 millones para limpiar 97 vagones y un año después, $ 2.900.000 para otros 48. Desde la Ciudad informaron que se invierten alrededor de $ 1.850.000 para el mantenimiento del arte público, y que el vandalismo más común es el grafiti.
En junio de 2014 la Policía Metropolitana se hizo cargo de la vigilancia de la red de subterráneos y elaboró un informe en el que detectaron los puntos vulnerables, como la estación Primera Junta de la línea A; Juramento, de la D; y el taller Rancagua, de la B. Se reforzaron los ingresos, instalaron unas 300 cámaras que son controladas durante las 24 horas desde un centro de monitoreo y sumaron 500 efectivos de la fuerza para patrullar la red.
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Desde la Metropolitana aseguran que en el 80% de los casos en los que se producen intrusiones se logra la detención de los grafiteros. En esos casos son derivados a la Fiscalía de la Ciudad, donde los imputan por daño agravado. Este delito prevé de tres meses a cuatro años de prisión, aunque el fiscal suele proponerles probation.
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