Los carteles con los nombres de calles y el equipamiento para paradas de colectivos se demoran en la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno porteño entregó en concesión la renovación del mobiliario urbano en 2009 y debía estar concluida para fines de 2012. Pero, cuatro años después, el grado de avance es muy dispar en los distintos barrios.
Según el Gobierno de la Ciudad, las irregularidades obedecen a algunos incumplimientos de los tres concesionarios, mientras que las empresas sostienen que los constantes cambios viales y en materia de transporte dificultan la tarea.
Algunas situaciones llaman la atención, como por ejemplo que la licitación original consideró la colocación de 35.000 nomencladores de calles y ahora se abrirá otra convocatoria porque resultaron insuficientes: se necesitan 18.000 más, incluidos los de los nuevos barrios, como la Villa 31-31 bis de Retiro.
Moverse por la ciudad suele complicarse por la gran cantidad de calles sin nombre y sobreviven paradas de colectivo marcadas con apenas una calcomanía en un poste y sin protección alguna contra la lluvia y el sol para las esperas.
La explotación por 10 años de todo el equipamiento, que debe ser provisto por las empresas, está a cargo de Grupo al Sur/Wall Street, de la familia del ex secretario de Medios kirchnerista Enrique Albistur; PC Publicidad, del grupo Emepa, y Sarmiento Publicidad, de los hermanos Terranova. La inversión la recuperan mediante la explotación publicitaria de los carteles de calles y refugios de colectivos durante 10 años.
Entre las tres, pagan un canon anual mínimo de $ 10.000.000 o el equivalente al 15% de su facturación. Se estima que el negocio de la publicidad callejera mueve anualmente unos $ 25.000.000. La anterior concesión había vencido en 1996 y continuó de manera irregular por más de una década.
Según pudo constatar La Nación, los refugios y las paradas de colectivos nuevos funcionan circunscriptos a determinadas avenidas, corredores y centros de transbordo. Pero casi no existen en barrios como Almagro, Parque Patricios o Villa Crespo.
En muchas calles pueden verse las paradas de colectivos en carteles pegados con cinta en los árboles y hasta clavados; así sucede sobre la avenida Caseros frente al parque Ameghino, en Parque Patricios o sobre la avenida Scalabrini Ortiz en Villa Crespo. Fuentes oficiales prometieron que en los próximos meses comenzará a ser notorio el recambio.
Orlando Terranova, de Publicidad Sarmiento, indicó a La Nación que «la inversión ha sido multimillonaria. En conjunto, las empresas invertimos US$ 14 millones en equipamiento que le queda a la ciudad. El costo de reposición es altísimo en Buenos Aires. Según nuestros cálculos, tenemos que renovar el 10% del equipamiento todos los años. En contraste, en Medellín alcanza al 2%».
Fuentes del gobierno porteño señalaron que el resultado de esa inversión se evidencia en zonas como Once, Ciudad Universitaria y Constitución. Y agregaron que «hay también un problema como el vandalismo, en cuya solución trabajamos con las empresas para que realicen el mantenimiento correspondiente. Si no reemplazan los elementos, son sancionadas. Ya fueron penalizadas tres veces, desde el apercibimiento hasta la multa», indicaron a La Nación voceros del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
En lo que se refiere a los refugios de colectivos, Terranova relacionó las demoras con la incorporación del Metrobus en distintas avenidas de la Ciudad y con los cambios de sentido en muchas arterias. «Se trata de una ciudad que ha cambiado mucho. Nosotros vamos avanzando a medida que se toman las decisiones y se terminan las obras. Incluso en algunos lugares hemos tenido que colocar los refugios más de una vez», dijo.
Con los nomencladores de las calles la situación es otra. Según datos oficiales, apenas faltan instalar 200 del total previsto, mientras que ya se colocaron 35.000. Sin embargo, en los próximos meses se llamará a otra licitación para emplazar 18.000 más, ya que la cantidad actual no es suficiente.
Facundo De Gaiso, auditor porteño que responde a Elisa Carrió, recordó que realizó un pedido de informes al Gobierno de la Ciudad para que explicara los retrasos. «El 6 de agosto de 2013 se extendió el plazo de obra en 14 meses, contados a partir del 1° de diciembre de 2012. Un año después, como las concesionarias aducían que el contexto inflacionario había producido una modificación sustancial del tipo de cambio, se otorgó una nueva prórroga hasta el 31 de mayo de 2015», describió a La Nación.
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