Con un fallo judicial a su favor, regresaron hoy a su cargo las docentes de un jardín de Flores que habían sido apartadas por el Ministerio de Educación porteño por considerar que no advirtieron las señalas de violencia sufridas por Agustín Marrero, un alumno de la institución que fue asesinado a golpes por la pareja de su madre.
«Elsa y Ale, bienvenidas al jardín de donde nunca debieron haberse ido», decía un cartel que cubría la puerta de ingreso de la Escuela de Educación Inicial N´2 del Distrito Escolar 14, ubicada en Avellaneda 2555, donde Elsa Vincová se desempeña como directora y Alejandra Bellini como docente de la sala a la que asistía Agustín, quien tenía 5 años al momento de su muerte.
Entre abrazos, aplausos y lágrimas, maestras de la institución, padres, alumnos y representantes de gremios de la educación, recibieron a las maestras con carteles, guirnaldas y un renovado reclamo de justicia para Agustín.
Visiblemente emocionada, Elsa Vincová, la directora de la institución, sostuvo que «el tiempo de espera fue muy doloroso porque siempre entendimos que se trató de una medida injusta».
La mujer recordó que «Agustín vino pocos días a la escuela, y cuando le preguntábamos cosas a la mamá siempre tenía una respuesta coherente por lo que nosotras no sospechábamos que se trataba de un niño que sufría violencia».
Agustín Marrero fue asesinado el 7 de junio del 2015, entre las 10 y las 15, cuando estaba bajo el cuidado de su padrastro en el departamento de la planta baja «3» de Yerbal 2745, en Flores, donde la pareja y los dos hijos de ella convivían desde diciembre de 2014.
En julio, el Ministerio de Educación porteño comunicó su decisión de apartar de su cargo a Alejandra y Elsa e instruir un sumario para investigar sus actuaciones. «Mientras el menor acudió al jardín se registraron internamente cuatro situaciones a lo largo de 26 días, en dónde el niño ingresó con diferentes golpes, sin el consecuente aviso a las autoridades pertinentes», sostuvo en un comunicado la cartera educativa porteña.
Sin embargo, la Junta de Disciplina falló en su mayoría en contra de abrir un sumario para las docentes por considerar que «de la documental obrante, no observa hechos que puedan ser analizados desde el punto de vista disciplinario».
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