La sentencia, dictada por Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires N° 10, ordenó que «no se otorguen autorizaciones o permisos de demolición, reformas, ampliaciones y/o cualquier construcción nueva (incluyendo el registro de planos), con respecto a la totalidad de los inmuebles de propiedad pública o privada emplazados en la Ciudad de Buenos Aires, cuyos planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941».
La excepción es que «el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales haya resuelto previamente, en forma expresa e individualizada, que el bien no posee valor patrimonial».
La medida también alcanzó a aquellos inmuebles «cuyo año de construcción asentado en la documentación catastral sea anterior a dicha fecha, así como de aquellos que se encuentren incluidos en el inventario de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en la categoría ‘Edificios Representativos'».
En octubre de 2014, la Legislatura porteña había aprobado por unanimidad una protección de 1.700 inmuebles, que representaban alrededor del 1,2 por ciento de los existentes ya que se estima que el total de edificaciones previas a 1941 ronda los 134.000.
En tanto, por un relevamiento encargado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) se habrían incorporado al listado de bienes protegidos en forma preventiva unos 5.284 inmuebles que están a la espera de ser evaluados de manera definitiva por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales.
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